Removieron a jueza vinculada a procesos contra presos políticos en Venezuela

Un nuevo movimiento dentro del Poder Judicial venezolano salió a la luz este martes 26 de agosto, luego de conocerse la remoción de Sabrina Montes de Oca, quien se encontraba al frente del Tribunal 11° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y estuvo relacionada con varios procesos contra personas consideradas presos políticos.

La información fue divulgada por el exfiscal venezolano Zair Mundaray, quien aseguró que la salida de la funcionaria quedó establecida en una resolución emitida el lunes 25 de agosto. Hasta el momento, no se han conocido públicamente mayores detalles sobre las razones de la medida.

Montes de Oca había tenido participación en distintos expedientes de alto perfil, entre ellos el del periodista Ramón Centeno. El comunicador permaneció privado de libertad durante casi cuatro años antes de ser excarcelado en enero de 2026.

Su caso volvió a poner el nombre de la jueza en el centro de la polémica en febrero pasado, cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció dificultades para que Centeno pudiera someterse a una intervención quirúrgica que requería con urgencia. El tribunal solicitó entonces una nueva evaluación médica antes de autorizar el procedimiento, permiso que finalmente fue concedido.

Mundaray también señaló a la ahora removida jueza por presuntos atropellos relacionados con la aplicación de la Ley de Amnistía y cuestionó su actuación en causas vinculadas con detenidos por motivos políticos.

Cambios en un Poder Judicial bajo la lupa

La remoción ocurre en un momento de transformaciones dentro del sistema de justicia venezolano. A mediados de agosto, representantes del chavismo y de la oposición anunciaron un acuerdo para iniciar un nuevo proceso de postulación con miras a supuestamente renovar la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de las negociaciones políticas que se desarrollan en el país.

Además, el sistema judicial atraviesa actualmente un período de receso decretado entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, aunque la administración de justicia penal debe mantenerse activa y pueden habilitarse actuaciones urgentes para garantizar los derechos de las partes.

La salida de Montes de Oca se suma así a una serie de movimientos que mantienen bajo atención el futuro del Poder Judicial venezolano, especialmente por las expectativas de una reforma que permita recuperar la independencia de los tribunales y revisar los procesos cuestionados por organizaciones defensoras de derechos humanos.