CIDH lleva a la Corte IDH el caso de Fernando Albán y acusa al Estado venezolano de tortura y ejecución extrajudicial

La muerte del dirigente opositor venezolano Fernando Albán, ocurrida en 2018 mientras permanecía bajo custodia del Sebin, llegó nuevamente a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y concluyó que existen elementos para responsabilizar al Estado venezolano por su detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial.

El organismo informó este 25 de agosto que la remisión del expediente, identificado con el número 14.267, fue realizada el pasado 5 de agosto. La denuncia también abarca las agresiones sufridas por los familiares de Albán y la falta de una investigación efectiva que permita esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Fernando Albán, de 56 años, era fundador de Primero Justicia y concejal del municipio Libertador de Caracas. El 5 de octubre de 2018 fue detenido por funcionarios del Sebin en el aeropuerto de Maiquetía, luego de regresar de Nueva York, donde había participado en actividades relacionadas con la Asamblea General de la ONU.

Según la CIDH, la detención se produjo sin orden judicial ni una explicación sobre los motivos. La Comisión determinó además que el opositor fue sometido a una desaparición forzada de corta duración antes de que su paradero fuera conocido públicamente.

Una muerte bajo custodia del Sebin

El dirigente murió tres días después de su arresto, el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba recluido en la sede del Sebin en Caracas. En ese momento, las autoridades venezolanas sostuvieron que Fernando Albán se había suicidado al lanzarse desde un décimo piso.

Sin embargo, la CIDH aseguró que los elementos analizados durante el proceso le permitieron concluir que Albán fue víctima de torturas y que el Estado venezolano es responsable de una ejecución extrajudicial, al considerar también el contexto de denuncias documentadas sobre torturas y malos tratos contra personas opositoras detenidas por el Sebin.

El organismo interamericano cuestionó además la respuesta judicial del Estado venezolano. De acuerdo con la información disponible, por la muerte del concejal solo fueron procesados dos funcionarios por incumplimiento de sus deberes de custodia, mientras que no se establecieron responsabilidades por los hechos denunciados por la familia y sus representantes. La CIDH concluyó que persiste la impunidad en el caso.