ONU confirma “crímenes de lesa humanidad” y advierte que represión en Venezuela se intensificó tras elecciones

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó este lunes, 22 de septiembre, un informe en el que concluyó que la represión en el país se profundizó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 y confirmó la ejecución de "crímenes de lesa humanidad".

El documento expone que el régimen de Nicolás Maduro utilizó “los métodos más duros de su maquinaria represiva” para sofocar las manifestaciones que estallaron tras la difusión de los supuestos resultados electorales y destacó que la persecución política "ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades".

Asesinatos registrados por la ONU

El informe registra al menos 25 personas asesinadas entre el 28 y el 30 de julio de 2024 en el contexto de las protestas postelectorales. En 14 de esos casos, la investigación encontró que 12 implicaban a fuerzas de seguridad.

“La Misión ha determinado que las personas privadas arbitrariamente de la vida entre el 28 y 30 de julio de 2024 asciende a 25. El Ministerio Público situó la cifra en 28, de las cuales 22 coincide con la Misión. Las 6 personas adicionales presentadas por las autoridades no forman parte del mismo contexto de electoral, según las investigaciones de la Misión”, detalló la abogada portuguesa Marta Valiñas, presidenta de esa instancia durante la presentación del informe de la ONU.

Valiñas destacó el caso de las protestas postelectorales en Maracay, cuando seis personas fueran asesinadas por fuerzas de Maduro. "En las protestas en la ciudad de Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra los manifestantes. Seis personas murieron durante esos hechos. Una de ellas recibió un disparo con una escopeta a menos de 10 metros de distancia", expuso Valiñas.

Muertes bajo custodia estatal y detenciones

También se documentaron muertes bajo custodia estatal, más de 2.200 detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y actos de violencia sexual, considerados como parte de un patrón que podría constituir crímenes de lesa humanidad.

Entre los más de 2 mil detenidos figuraban 220 menores de edad, entre 13 y 17, sometidos a incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso. Actualmente cuatro adolescentes se encuentran privados de libertad en La Guaira y Lara.

Cinco personas murieron durante su detención. De acuerdo con el informe, en dos casos, se establecieron "motivos razonables para creer que el Estado no brindó atención médica oportuna", sometiendo a los detenidos a "tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Patricia Tappatá, experta de la Misión, subrayó: "Las muertes por deterioro de salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida. A esto se suma el maltrato a familias, la falta de investigación y la complicidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo".

Marta Valiñas recordó que más de un año después de las elecciones, la Fiscalía, a cargo de Tarek William Saab, "no ha informado sobre las investigaciones que dice haber realizado". Sin embargo, aseveró que la investigación de la Misión de la ONU ha revelado lo contrario y, hasta el momento, “todas las muertes permanecen en la impunidad".