CPI ordena al fiscal Karim Khan apartarse del caso sobre Venezuela por posible conflicto de interés

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó este viernes al fiscal Karim Khan apartarse del caso que investiga presuntas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al considerar que existe un posible conflicto de interés.

En su decisión, el tribunal señaló que “existen motivos para creer que existe una causa de recusación del Fiscal y que este tiene la obligación, de conformidad con la regla 35 del Reglamento de Procedimiento y Prueba, de solicitar ser apartado de la situación de Venezuela”. A partir de ahora, el fiscal dispone de tres semanas para cumplir con esta obligación.

El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2022, cuando Venkateswari Alagendra, cuñada de Khan, formó parte del equipo legal que representó al Estado venezolano ante la CPI. Esta relación fue señalada por la Fundación Arcadia y Robert Carmona en una solicitud de recusación presentada en 2024, la cual fue admitida por la Sala de Apelaciones el 12 de noviembre de ese año.

"La mera apariencia de parcialidad es suficiente para socavar la confianza del público, las víctimas y la comunidad internacional en la CPI", sostuvo el confundador de la organización que presentó el pedido contra Khan, Robert Carmona, a El Nacional.

En el documento difundido este viernes, Khan negó las acusaciones y aseguró que nunca compartió información confidencial con Alagendra. Añadió que durante su visita a Venezuela en abril de 2024 “no participó en ninguna reunión a la que asistiera la Sra. Alagendra” y que no mantiene vínculos económicos ni convivencia con ella.

Caso Venezuela en la CPI

El caso contra Venezuela investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 12 de febrero de 2014. En diversas oportunidades, el régimen de Nicolás Maduro ha rechazado de manera categórica estas acusaciones, alegando que la CPI actúa bajo supuestas motivaciones políticas.

Tras la desestimación de sus argumentos en 2024, el canciller Yván Gil afirmó que la decisión “responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos”.