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Condenan a doctora Marggie Orozco a 30 años de prisión por un audio de WhatsApp

  • Foto del escritor: esfalsoque
    esfalsoque
  • 17 nov
  • 2 Min. de lectura

Marggie Orozco

La médico venezolana Marggie Orozco, de 65 años, fue sentenciada a 30 años de prisión el pasado viernes en Táchira, tras un proceso que organizaciones y voces defensoras de derechos humanos califican como una muestra más de la criminalización de la disidencia y del creciente número de presos políticos bajo el régimen de Nicolás Maduro.


Orozco fue detenida el 5 de agosto de 2024 luego de que integrantes de los CLAP de su comunidad, en San Juan de Colón, la denunciaran por un audio de WhatsApp en el que expresaba críticas a la situación del país e invitaba a participar en las elecciones del 28 de julio. Por ese mensaje, el Ministerio Público le imputó los delitos de Traición a la Patria, Incitación al Odio y Conspiración, cargos que, según defensores de derechos humanos, se han utilizado reiteradamente para castigar opiniones políticas.


Fuentes judiciales del estado Táchira informaron que la condena fue emitida por la juez Luz Dary Moreno, del Tribunal 4° de Juicio, en un proceso que ha sido señalado por presuntas vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y garantías fundamentales.


La situación de la doctora Orozco ha generado especial preocupación debido a su delicado estado de salud. En los últimos dos años ha sufrido dos infartos, el más reciente en septiembre de 2024 mientras ya se encontraba detenida. Además, enfrenta un cuadro de depresión crónica tras la pérdida de dos de sus hijos, uno por un intento de atraco y otro en un accidente.


A pesar de estas condiciones, permanece recluida en el anexo femenino de la cárcel de Santa Ana del Táchira, un centro penitenciario denunciado por condiciones precarias que, según activistas, ponen en riesgo su vida e integridad física.


El caso de la Dra. Marggie Orozco se suma a las cifras alarmantes de presos políticos en Venezuela, denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales, que aseguran que el encarcelamiento por motivos políticos continúa siendo una práctica sistemática en el país.

 
 
 

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