Provea exige investigación urgente por presunta violencia sexual contra la prisionera política Yanín Pernía

La organización de derechos humanos Provea denunció este miércoles un presunto caso de violencia sexual contra la presa política venezolana Yanín Pernía, recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la ONG calificó los hechos como “graves, inhumanos y degradantes” y aseguró que Pernía habría sido abusada sexualmente por al menos 30 custodios del recinto penitenciario. La organización exigió una investigación “urgente e imparcial”, así como la liberación inmediata de la detenida.

Provea recordó que la violencia sexual contra personas privadas de libertad está prohibida por distintos instrumentos internacionales suscritos por Venezuela, entre ellos la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela. Asimismo, citó el artículo 46 de la Constitución venezolana, que prohíbe expresamente los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La ONG advirtió que, de confirmarse las denuncias, los hechos podrían constituir actos de tortura, de acuerdo con la definición establecida en la Convención contra la Tortura. También recordó que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha documentado previamente patrones de violencia sexual y abusos sistemáticos en centros de detención del país, señalando que estos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma.

Yanín Pernía fue detenida en 2018 tras el caso del supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado irregularidades en su proceso judicial, además de presuntos actos de tortura y aislamiento durante su reclusión. En 2022 fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima contemplada en Venezuela.

Ante las denuncias, Provea urgió a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público asumir sus responsabilidades institucionales y garantizar justicia para Pernía y su familia.