OVP alerta sobre situación de adultos mayores en cárceles venezolanas

En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que decenas de personas de la tercera edad continúan privadas de libertad en cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela, pese a que la legislación contempla medidas especiales.

La organización advirtió que los adultos mayores encarcelados enfrentan un acelerado deterioro de su salud debido a las condiciones de reclusión, marcadas por la falta de atención médica especializada, dificultades para acceder a tratamientos para enfermedades crónicas y una alimentación insuficiente para cubrir sus necesidades nutricionales.

Como ejemplo de esta realidad, OVP recordó el caso de José Breijo, un adulto mayor que permaneció detenido pese a presentar problemas de salud que requerían atención especializada. La organización sostiene que situaciones similares continúan registrándose en distintos centros de reclusión del país.

Según el observatorio, las cárceles venezolanas carecen de políticas públicas orientadas a la atención de la población geriátrica, lo que obliga a hombres y mujeres de avanzada edad a convivir en entornos que afectan su bienestar físico, mental y emocional.

La organización recordó que el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal establece que las personas mayores de 70 años no deben permanecer recluidas en establecimientos penitenciarios y que, en estos casos, los tribunales pueden otorgar medidas cautelares menos gravosas, como el arresto domiciliario. La normativa también contempla medidas humanitarias para quienes padezcan enfermedades graves.

No obstante, la organización denunció que estas disposiciones son incumplidas de forma reiterada. De acuerdo con sus registros, en el sistema penitenciario venezolano permanecen personas de hasta 80 años de edad, algunas de ellas con patologías que requieren atención médica permanente. Además, aseguró haber documentado fallecimientos de privados de libertad asociados a la falta de asistencia sanitaria.

La denuncia también alcanza a los familiares de los reclusos. El observatorio señaló que, en muchos casos, son padres, madres o esposas de avanzada edad quienes asumen la responsabilidad de asistir a sus seres queridos encarcelados. Estas personas deben recorrer largas distancias para realizar visitas y, durante las requisas, son sometidas a procedimientos que, según la organización, no consideran su edad ni sus condiciones de salud.