Los colectivos desafían la transición política en Venezuela tras captura de Maduro

Desde que Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la narrativa política venezolana ha cambiado de manera abrupta. Más allá de la caída de una figura simbólica del chavismo, las estructuras de poder que moldean al país aún no han desaparecido. Entre ellas, los grupos civiles armados conocidos como “colectivos”.

De acuerdo con un análisis de Insight Crime, los colectivos en Venezuela comenzaron como grupos comunitarios que organizaban actividades sociales en barrios populares y apoyaban programas del gobierno. Con la presidencia de Hugo Chávez, y posteriormente bajo el régimen de Maduro, muchos evolucionaron a fuerzas paramilitares alineadas con el chavismo y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), convirtiéndose en aliados no oficiales del Estado para “defender la revolución bolivariana”.

Organismos internacionales y de derechos humanos han documentado su uso de la fuerza contra manifestantes y opositores, a menudo con respaldo tácito de sectores del Estado.

La captura de Maduro no implicó el quiebre del sistema que los respaldaba. A pocas horas del arresto, estos grupos retomaron su rol en las calles de Caracas con patrullajes, puntos de control y acciones que muchos interpretan como un intento de llenar el vacío de poder y preservar el orden impuesto por el antiguo régimen.

Estos grupos paramilitares han sido claves para reprimir cualquier apariencia de vacío de poder. Su despliegue a menudo coincide con declaraciones de autoridades que llaman a mantener el “orden” y atacan a quienes consideran colaboradores de lo que denominaron “agresión extranjera”.

Aunque el liderazgo del chavismo ha cambiado de manos, con Delcy Rodríguez asumiendo la presidencia interina, los colectivos siguen representando un poder paralelo. Su presencia en las calles genera miedo en la ciudadanía y es vista como un obstáculo para protestas y cualquier tipo de manifestación opositora.

Este fenómeno plantea un gran desafío para cualquier posible transición política pacífica y legítima en Venezuela. Desarmar o reconfigurar el papel de los colectivos no implica solo quitarles las armas, sino enfrentar una estructura de poder que opera sin un mando claro y que está profundamente integrada en la vida social y el control de distintos territorios.

La coexistencia de estos grupos armados con la oposición, la sociedad civil y las instituciones complica un proceso de reconciliación nacional, pues su capacidad de influir en la percepción del “orden” así como de obstaculizar protestas, representa un reto que va más allá de los acuerdos entre partidos políticos.