Jorge Rodríguez estima déficit de 25.000 viviendas tras terremotos, mientras la cifra de desaparecidos genera controversia

A más de dos semanas de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, la magnitud de la crisis habitacional en Venezuela comienza a tomar cifras concretas. El gobierno interino ha reconocido la necesidad de construir al menos 25.000 viviendas para atender a las familias que quedaron damnificadas.

Durante una reciente rueda de prensa, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, presentó un plan de acción que contempla la búsqueda acelerada de terrenos en zonas geológicamente aptas para el desarrollo de urbanismos antisísmicos. Según el funcionario, el objetivo es trasladar a quienes actualmente pernoctan en escuelas y campamentos temporales hacia “campamentos unifamiliares” antes del inicio del próximo periodo escolar.

El abismo entre cifras oficiales y denuncias internacionales

Mientras el Ejecutivo proyecta la recuperación urbana, crece la tensión en torno a los datos de víctimas. El balance gubernamental se mantiene en 4.333 fallecidos; sin embargo, esta cifra es cuestionada por diversos sectores y organismos internacionales.

Informes extraoficiales y alertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantean un escenario mucho más grave, sugiriendo la necesidad de al menos 10.000 bolsas para cuerpos y estimando que el número de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas. Esta discrepancia ha generado una fuerte indignación ciudadana, que acusa a las autoridades de ocultar la magnitud real de la catástrofe.

Un desastre anunciado

La tragedia ocurrida en esos 90 segundos fatídicos del 24 de junio ha reavivado las críticas sobre la gestión del Estado. Expertos y ciudadanos señalan que el desastre pudo haber sido mitigado de haberse tomado en serio las advertencias previas hechas por especialistas japoneses y los informes de riesgos existentes desde 1999.

El impacto del sismo es visto no solo como un fenómeno natural, sino como la consecuencia agravada de tres décadas de negligencia, infraestructura deficiente y la desatención institucional de un modelo de Estado que, a juicio de los afectados, ha despreciado sistemáticamente la seguridad y el bienestar de su pueblo.

Las familias afectadas aguardan respuestas que trasciendan los anuncios de reconstrucción y ofrezcan, finalmente, la verdad sobre el paradero de miles de personas que aún no han sido localizadas.