Villca Fernández enfrenta expulsión de EEUU pese a advertencias de que podría ser torturado en Venezuela

Una orden de deportación emitida por las autoridades migratorias de Estados Unidos ha puesto nuevamente bajo escrutinio el caso del activista venezolano , un dirigente estudiantil y defensor de derechos humanos cuya vida ha estado marcada por persecución y abusos en Venezuela. Organizaciones especializadas en derechos humanos han advertido que su retorno forzoso podría ponerlo en grave peligro, ya que enfrentaría un riesgo real de persecución y posibles torturas, en un país donde ya fue víctima de tratos crueles durante su detención.

Fernández anunció recientemente en su cuenta de X que un tribunal estadounidense rechazó su apelación contra el cierre de su caso de asilo. Esta decisión culminó en la emisión de una orden formal de deportación en su contra, algo que él mismo calificó como “una tragedia y un riesgo para su vida”.

Organismos internacionales dedicados a la defensa de derechos fundamentales han expresado su alarma. Por su parte, Tom Lantos Human Rights Commission, una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos, señaló que Fernández podría enfrentar torturas, similares a las que ya sufrió anteriormente, si es regresado a Venezuela. Este llamamiento subraya la necesidad de proteger a quienes han denunciado violaciones a derechos humanos y se han convertido en objetivos de represalias políticas.

Desde diferentes frentes, expertos y defensores de derechos humanos han insistido en que el caso de Fernández no es representativo de un migrante común: se trata de un ex preso político con testimonios documentados de abuso físico, detenciones arbitrarias y tortura durante su reclusión en Venezuela, particularmente en instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Villca Fernández estuvo detenido durante más de dos años en El Helicoide, prisión emblemática en Caracas señalada reiteradamente por organizaciones internacionales por sus condiciones severas y abusos sistemáticos. Tras su liberación y exilio en 2018, continuó su labor como activista desde el extranjero, lo que ha añadido complejidad a su proceso migratorio actual.

Sus defensores aseguran que deportarlo no solo pondría en peligro su libertad, sino también su integridad física, al retornar a un país en el que persiste la persecución contra líderes opositores y críticos del gobierno. Esta preocupación refleja un llamado más amplio para que las autoridades migratorias reconsideren la aplicación de acuerdos internacionales como el Asylum Cooperative Agreement (ACA) en contextos donde la protección de solicitantes de asilo puede estar en riesgo.