Niegan amnistía a Rory Branker y ocultan la decisión durante semanas

La solicitud de amnistía del periodista venezolano Rory Branker fue rechazada por un tribunal en Caracas, en una decisión que, además de mantener abierto su proceso penal, estuvo rodeada de cuestionamientos por la forma en que fue manejada.

Branker había introducido el recurso el pasado 25 de febrero, amparándose en la Ley de Amnistía recientemente promulgada. Sin embargo, el juzgado determinó que su caso no calificaba para ese beneficio, al estar supuestamente vinculado a delitos como terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con un gobierno extranjero y traición a la patria, categorías excluidas de la normativa.

Lo más controvertido no fue únicamente la negativa, sino el hecho de que la decisión permaneció sin ser notificada durante varias semanas. Según el propio periodista, se enteró casi un mes después, cuando acudía regularmente al tribunal para cumplir con las medidas cautelares impuestas tras su excarcelación.

Branker, quien estuvo detenido cerca de un año antes de ser liberado en febrero de 2026, calificó la situación como una “burla” y denunció que el proceso ha estado marcado por irregularidades desde su inicio. En sus declaraciones, aseguró que la negativa de la amnistía refleja la falta de voluntad institucional para cerrar casos como el suyo y avanzar hacia una reconciliación real.

El periodista también sostuvo que, aunque ya no está en prisión, continúa sometido a restricciones judiciales que funcionan como mecanismos de presión. En ese sentido, describió el retraso en la notificación como una forma de “revictimización”, dentro de un proceso que considera arbitrario.

Su caso ha sido seguido de cerca por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han denunciado irregularidades en su detención, incluyendo periodos prolongados sin información sobre su paradero.

La decisión judicial mantiene vigentes los cargos en su contra y refuerza las críticas de gremios como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que advierten sobre la aplicación discrecional de la ley y la persistencia de procesos penales contra periodistas en el país.