En el Día de la Mujer, exigen libertad para 56 prisioneras políticas en Venezuela

Diversas organizaciones políticas y de derechos humanos en Venezuela exigieron este 8 de marzo, Día de la Mujer, la liberación de 56 féminas que permanecen detenidas por motivos políticos. Los reclamos se producen en medio de denuncias sobre presuntos abusos y maltratos dentro de los centros de reclusión.

Estas mujeres forman parte del grupo de personas privadas de libertad por su vinculación con actividades políticas o por expresar posiciones críticas frente al régimen venezolano. Las organizaciones reclaman que se revisen sus casos y que se garantice su liberación inmediata, al considerar que muchas de las detenciones se produjeron sin las debidas garantías judiciales.

El pedido de excarcelación también ha sido acompañado por organizaciones no gubernamentales que documentan la situación de los presos políticos en el país. Estas ONG han señalado que las mujeres encarceladas enfrentan condiciones especialmente difíciles dentro de los centros de detención, lo que incluye presuntas humillaciones y tratos degradantes.

Andreína Baduel, directora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), denunció que varias de las detenidas han sido “vejadas” y sometidas a maltratos durante su reclusión. Según explicó, estas situaciones agravan la vulnerabilidad de las presas políticas y evidencian la necesidad de que organismos internacionales intervengan para monitorear su situación.

Ante este escenario, las organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron el respaldo de la comunidad internacional para presionar por el respeto a las garantías fundamentales de las detenidas. También solicitaron que se permita la supervisión independiente de los centros penitenciarios y que se investiguen las denuncias de abusos.

Mientras continúan las denuncias, familiares y activistas aseguran que seguirán impulsando campañas y acciones públicas hasta lograr la liberación de todas las mujeres encarceladas por razones políticas, al tiempo que insisten en que sus casos deben ser revisados con apego al debido proceso y a los estándares internacionales de derechos humanos.