Argentina investigaría vínculos de la AFA con el régimen chavista tras liberación de Nahuel Gallo

El gobierno de Argentina evalúa solicitar explicaciones a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que participaron en las gestiones para la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció detenido durante 448 días por el régimen venezolano.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en territorio venezolano, en circunstancias que su familia y autoridades argentinas calificaron de arbitrarias. Fue acusado por delitos ligados al terrorismo, acusaciones que Buenos Aires rechazó tajantemente. Después de prolongados meses de negociaciones y sin relaciones diplomáticas abiertas entre Argentina y Venezuela desde mediados de 2024, finalmente el gendarme fue liberado y emprendió el vuelo de vuelta hacia Buenos Aires, acompañado por autoridades vinculadas a la AFA.

Lo que desató un nuevo foco de atención en Buenos Aires fue el protagonismo que adquirió la AFA en el regreso de Nahuel Gallo. Dirigentes de la entidad, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, estuvieron ligados al proceso que permitió que el argentino abandonara Venezuela en un avión privado, confirmado por medios locales como utilizado por la propia asociación en vuelos institucionales.

Mientras que la asociación reafirmó que su participación fue parte de “gestiones humanitarias silenciosas”, el gobierno de Javier Milei puso el foco sobre ese accionar y advirtió que pedirá explicaciones oficiales sobre las relaciones entre la AFA y el régimen chavista. Desde la Casa Rosada se cuestionó que un actor no gubernamental haya interferido en lo que debía ser una negociación diplomática oficial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que las autoridades “tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen” venezolano, describiendo al gobierno de Caracas como “sanguinario” y “narcoterrorista”. A la vez, desde la administración argentina celebraron la liberación de Gallo, aunque insistieron en que fue gracias a la presión internacional ejercida por aliados como España, Italia y Estados Unidos.

En algunos sectores oficiales se llegó a sugerir que la intervención de la AFA podría configurar una interferencia en funciones públicas, y se barajan posibles acciones judiciales, incluyendo denuncias por “usurpación de cargo” o incluso acusaciones más graves como traición a la patria, aunque nada está definido por ahora.